Servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción exentos I.V.A

Servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción exentos I.V.A

Una noticia importante para el sector construcción, publicada el día 16 de setiembre del año en curso, en el Alcance N°243 de la Gaceta N° 230, el cual modifica el Transitorio V de la Ley 9635, y además adiciona el Transitorio V Bis.

Veamos a continuación lo que rezan las modificaciones y adiciones mencionadas:

ARTÍCULO 1- Se reforma el transitorio V de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 diciembre de 2018. El texto es el siguiente:

“Transitorio V- Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que durante los tres meses posteriores a esta fecha cuenten con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante el primer año de vigencia de la presente ley.

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la información correspondiente, de la forma y en las condiciones que determine la Administración Tributaria.

ARTÍCULO 2- Se adiciona el transitorio V bis a la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018. El texto es el siguiente:

Transitorio V bis- Todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, independientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los siguientes beneficios tributarios del impuesto sobre el valor agregado: 

A partir del 1 de setiembre de 2023 todos estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto sobre el Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982. La aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará, independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos servicios, del 1 de julio de 2019 a la entrada en vigencia de la presente ley, según lo dispuesto en el transitorio anterior”.

Así las cosas, TODOS los proyectos de construcción que cuenten con el visto bueno del CFIA, gozarán de la exención del 100% del I.V.A, hasta el 31 de agosto del año 2021, y se escalonarán las tarifas, hasta llegar al 13% a partir del 01 de setiembre del año 2023.

Importante destacar que el beneficio es únicamente para los servicios prestados a los proyectos propiamente. Para ampliar esto, podríamos utilizar el criterio de la DGTD, respecto a qué servicios gozan de la exención dispuesta en la Ley, según el oficio DGT-1849-2019. De conformidad con este oficio, deben interpretarse como exentos aquellos servicios relacionados directamente con el proceso constructivo, es decir, son aquellos que proveen un “valor ostensible” a la obra civil. Según este análisis, todos los servicios que formen parte de la “fase de construcción de obra civil”, gozarán de exención, siempre y cuando sean parte del trabajo que sea claramente identificable como parte del proyecto, como los servicios de ingeniería, topografía, de construcción (mano de obra), subcontratistas, u otros como alquiler de maquinaria y equipo de construcción, niveladoras excavadoras, no así servicios de transporte de materiales, u otros similares, que no brinden el valor a la obra, según su criterio. Por ello, debe prestarse especial atención a este criterio, para no aplicar la exención a otros servicios que no se deba, según la DGTD. Y respecto a este punto, cito lo indicado por Tatiana Martínez en una nota del periódico La República, con la cual todos concordaremos: “Lastimosamente, este es un caso en el cual la norma no es lo suficientemente clara, circunstancia que es aprovechada por la administración para limitar la voluntad del legislador e interpretar a su antojo lo establecido en la Ley, lo cual desemboca en una total inseguridad jurídica del contribuyente, quien verá su situación agravada si no realiza el cobro del IVA y, como consecuencia de una fiscalización, debe asumir dicho impuesto.” 

Lic. Jorge Castillo Calderón

CPI

Share this...
Ir arriba