La ley para el aprovechamiento sostenible del camarón es totalmente insostenible

La ley para el aprovechamiento sostenible del camarón es totalmente insostenible

 Esta actividad de pesca prohibida por la Sala Constitucional el 07 de agosto del 2013 mediante resolución No. 10540-2013, a pesar de ser una buena fuente de reactivación económica, ha pasado por una serie de presiones que no se ajustan a derecho, ya que carecen de fundamento técnico que respalden la sostenibilidad de la pesca de camarón con la técnica de arrastre propuesta.

Respetuosamente, mi criterio sobre esta Ley para el aprovechamiento sostenible del camarón, es que no es tan sostenible y por eso el presidente la vetó, porque han pasado 7 años y ni Incopesca ni los pescadores, se han puesto de acuerdo para realizar los estudios requeridos para definir si es posible que la pesca de arrastre de camarón sea efectuada con una reducción significativa de la captura incidental compatible con un desarrollo sostenible democrático y equilibrio ambiental. Lastimosamente se vetó la Ley, y hacerlo fue posible sencillamente por falta de bases y fundamentos.

El diputado Puntarenense Melvin Núñez, que aparenta buenas intenciones, carece de respaldo técnico y lógico, porque él mismo promueve un proyecto que es contrario a la Ley, esto lo explico a continuación:

 – Obvia la resolución de la Sala Cuarta del mes de noviembre de 2018, que por unanimidad ordenó al Presidente Ejecutivo del Incopesca que en el plazo de 6 meses, a partir de la notificación de la sentencia, se realizarán los estudios sobre la pesca de camarón.

 – Anteriormente se habían realizado unos estudios espurios, que duraron apenas tres meses, mediante una oscura Contratación Directa con el súper cuestionado empresario y ex directivo del Incopesca Roy Carranza, como resultó lógico no cumplían con lo solicitado por la Sala Constitucional, por lo cual la misma Sala ordenó realizar otros estudios que cumplieran con lo indicado en la resolución del 2013, lo cual provocó no solo el despilfarro de más de 150 millones de colones sino también el incumplimiento de lo requerido. 

– Esta ley del diputado Puntarenense es inconstitucional ya que elude lo establecido en el artículo 182 de nuestra Carta Magna, por ende, es contraria a la Ley de Contratación Administrativa, porque el otorgamiento de licencias es un medio no normado en el Derecho Administrativo, en esa línea lo correcto sería utilizar el procedimiento de Licitación Pública para el otorgamiento de concesiones de explotación de pesca de camarón, respetando la igualdad de trato y el principio de legalidad.

 – Tampoco  es viable  lo que pretendía  el diputado y los empresarios camaroneros, en el sentido   de  otorgar más de 50   permisos de pesca y que paralelamente se hagan los estudios técnicos,  lo cual vendría a ser como comerse los chicharrones sin haber criado el chancho;  la lógica y la razón nos dice que no se deben  explotar  los recursos marinos  dejando en el  paso un daño ambiental irreversible, en ese sentido se deben realizar primero los estudios para  determinar cómo aprovechar los recursos de una manera  verdaderamente  sostenible.

Por otra parte, el Incopesca quiere hacer de nuevo una Contratación Directa en lugar de hacer lo correcto o sea una Licitación Pública; de hecho, el 14 de mayo de 2019 mediante el oficio DCA-1687, la Contraloría de la República, le denegó a Incopesca la posibilidad de realizar una Contratación Directa por ¢ 2.760 millones, para los servicios de alquiler de seis barcos camaroneros, y ordenó a la institución realizar una licitación pública de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.

El 16 de julio de 2019 el Ministro de Agricultura, en comparecencia a la Asamblea Legislativa, les manifiesta a los diputados la imposibilidad para realizar los estudios de pesca de arrastre y se lo achaca a la Junta Directiva de esa Institución y por este motivo se provoca la destitución del Presidente Ejecutivo de Incopesca.

El día 26 de agosto de 2019, cumpliendo lo ordenado por la Contraloría General de la República, Incopesca realiza la apertura de las ofertas a la Licitación Pública para cumplir con los estudios; participó solamente una cooperativa de la cual soy la Gerente General y la oferta fue un monto que es alrededor de ¢500 millones de colones menos de lo estimado por la administración. Para sorpresa de nuestra Cooperativa Autogestionaria, Incopesca ni siquiera entró a ver el fondo de nuestra oferta, sino que la declaró infructuosa y la rechazó de plano, eliminando la posibilidad con ésta acción de realizar los estudios que podrían demostrar las épocas de veda y la cantidad de licencias a otorgar, lamentablemente esto fue lo que ocasionó que se vetará la ley, y no se diera lugar a la reactivación económica tan necesaria en la provincia de Puntarenas.

La falta de voluntad para actuar a derecho y de una forma correcta, han sido los factores responsables del fracaso de que hoy esté detenida la generación de cientos de empleos que produce la Industria del camarón.

Licda. Giselle Hernández Padilla
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