Cuando se suscriben contratos administrativos con el Estado costarricense, el contratista, sea éste una persona física o jurídica, tiene el derecho constitucional de exigir el reajuste de precios para mantener el equilibrio financiero del contrato, y, por ende, la intangibilidad patrimonial del mismo, conforme lo establecen los artículos 45 y 182 de la Constitución Política.

Ahora bien, en la gran mayoría de procesos de contratación con el Estado, el cartel de la licitación se convierte en el marco jurídico y normativo que regirá la relación entre privados y la Administración, y es en dicho cuerpo de normas, en el cual se establece –o debería establecerse-, de manera expresa, la metodología a aplicar para el reconocimiento del reajuste de precios, cuando las variaciones en los costos directos e indirectos afecten el principio de intangibilidad patrimonial y para restituir el equilibrio económico del precio contratado, a partir de la utilización de índices de precios oficiales, claramente definidos en el cartel y en el apartado específico de reajuste de precios.

En todos los casos, será el contratista quién deberá demostrar el desequilibrio financiero del contrato, mediante la presentación de los cálculos y la factura de reajuste de precios correspondiente, por los bienes suministrados, el contratista deberá aportar, entre otros documentos, los siguientes:

  • Memorias de cálculo que justifiquen, aritméticamente, el desequilibrio financiero del contrato, mediante la aplicación de la fórmula de reajuste de precios establecida en el cartel y el contrato.
  • Copia de la factura o facturas por los bienes, servicios u obra ya entregados a la Administración.
  • Cualquier otro tipo de documento exigido por la Administración para la presentación de facturas.
  • Factura por el cobro del reajuste de precios.

 Fuente: Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57159&nValor3=87488&strTipM=TC

Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71909&nValor3=87486&strTipM=TC

Decreto Ejecutivo No. 33218-MEIC.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57658&nValor3=63230&strTipM=TC

 

Licda. Cinthya Elena Fallas Barquero

CPI, Independiente

Profesora Universitaria

Miembro de la Junta Directiva CCPCR, Filial Alajuela

 

¿SABE USTED QUE ES UN REAJUSTE DE PRECIO EN CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS Y EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA?

2 pensamientos en “¿SABE USTED QUE ES UN REAJUSTE DE PRECIO EN CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS Y EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA?

  • 30 mayo, 2019 a las 11:20 am
    Enlace permanente

    Buenas..yo he presentado un cobro de reajuste x servicios Contables a una Juntas de Educación..pero la respuesta es un No se Paga Reajuste..debido a una clausula de Cartel que dicta que se pagarán rejauste de acuerdo a los reajustes del C. C.P.CR..y en este tiempo del 2014 al 2018 el Colegio no publicó los Ajustes cada Semestre como los marcó la Contraloría General de La Republica..
    Mi pregunta…debo perder este reajuste debido a la Negligencia del Colegio de no publicar los mencionados ajustes ?

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    • 30 mayo, 2019 a las 1:38 pm
      Enlace permanente

      En principio, el derecho al reajuste de precios es irrenunciable, y se dispone de un plazo para el reclamo de hasta 5 años, una vez finalizado el contrato, sin que se haya firmado un finiquito del mismo. Ahora, ningún cartel de ningún proceso de licitación está por encima de la ley, y el derecho al cobro del reajuste es un derecho constitucional, que además cuenta con numerosa jurisprudencia tanto de Sala Cuarta como de la propia Contraloría General de la República, por lo que lo ideal sería revisar la metodología para el cálculo del reajuste establecida en el cartel y contrato, y determinar cuál otro método debe aplicarse, y por ende, que no se le niegue el derecho a dicho reajuste, por causas que no están bajo el control del contratista ni de la Administración.

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