Artículo 131 de la Ley de Contratación Administrativa: “Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancia concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República..

  1. j) Arrendamiento o compra de bienes únicos. La compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones o situación se configuren como el más apto para la finalidad propuesta.

 

En cuanto a este artículo 131 inciso j)   existen   malinterpretaciones por parte de la Contraloría General de la República, ya este artículo permite las contrataciones directas, cuando las características de un bien lo hacen único; pero lastimosamente para el país, este artículo lo están utilizando las instituciones del estado como un portillo para la compra de terrenos en forma directa; sencillamente le solicitan permiso   a la Contraloría General de la República indicando que es la única propiedad que sirve.

 

Y este artículo que debería ser utilizado para compras muy especiales, ya que son para   un bien único por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social podría requerir un medicamento muy específico, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados o el Cuerpo de Bomberos una propiedad situada en un determinado lugar que tenga una naciente de agua; pero no es así,   nuestras queridas Instituciones del Estado han estado solicitando permisos a la Contraloría General de la República para comprar propiedades y utilizan este artículo como una simple evasión a lo consagrado en .ARTÍCULO 18.-Constitución Política: Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.

 

El hecho de que una Institución del Estado Costarricense haga un estudio de mercado, eso no representa que pueda comprar una propiedad en forma dIrecta desviando todos los controles solicitados en nuestra carta magna.

 

La autorizaciones   de este tipo de contrataciones por bien único, por parte de nuestra querida Contraloría General de la República, promueve la consecución de   actos irregulares en los Departamento de Ingeniería de las Instituciones Públicas, porque permite que un funcionario público negocie la compra de un terreno   fuera de la institución y a veces hasta en las mismas casas del proveedor, lo cual no solo constituye un acto irregular y un peligro hacia la eficacia y la eficiencia del buen uso de los fondos estatales, sino que es rompe la línea delgada entre el actuar de un funcionario público y el grave quebrantamiento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

 

Vemos la gravedad de estas contrataciones directas basadas en este artículo y en los fideicomisos bancarios, que redundaron en la carencia de requisitos formales de los procedimientos, que dejaron desprotegidos los fondos estatales, para citar un caso concreto la compra del terreno para la Superintendencia de Entidades Financieras en Barrio Amón, la cual fue realizada vía contratación directa y careció del avalúo formal por parte de la Dirección General de Tributación, requerido en nuestra legislación .

 

De igual manera podemos ver otros casos como las múltiples compras de terrenos por parte del Ministerio de Educación Pública, que se hicieron vía contratación directa y amparadas en dicho artículo 131, bien único, y luego salió a la luz que estas compras no cumplieron con las expectativas esperadas del interés público, por tanto las mismas han sido gravemente cuestionadas por la ineficiencia ya que se compraron terrenos que ni siquiera son aptos para construcción .

 

Hacemos un llamado a la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador en cuanto al uso del artículo 131 inciso j) del Reglamento de la Contratación Administrativo, para que sea utilizado solo en casos sumamente excepcionales,   para así evitar un perjuicio a la salud de las arcas estatales.

 

Adicionalmente le solicitamos promover el uso eficiente de los mecanismos regulatorios gubernamentales en los procesos de fideicomisos inmobiliarios, pues consideramos que en los nuevos fideicomisos como el del Banco de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social por la suma de 200.000 millones de colones, se prevea que no sucedan los mismos errores que se cometieron con los fideicomisos del Ministerio de Educación Pública.

Giselle Hernández Padilla
Contadora Privada y Contadora Pública Autorizada
Asesoría Fiscal y Financiera

 

INCONCONSISTENCIAS DEL ARTÍCULO 131 ARTÍCULO j) DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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