Costa Rica, al igual que muchas naciones en Latinoamérica, ha ido caminando paso a paso, desde hace unos pocos años, en el tema de los Precios de Transferencia.

Incipientes, muy motivados, aunque de forma insegura y hasta desorganizada, hemos iniciado la carrera para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); membresía que nos asegurará no ser considerados como paraíso fiscal entre otros tantos beneficios, bien anhelados para un país pequeñito como el nuestro.

La OCDE, ya nos ha aceptado como aspirantes prometedores. Por lo que con esa visión en el corazón de nuestros gobernantes, se han venido dando, los primeros y los segundos pasos, para alcanzar tan anhelada meta: Ser aceptados como miembros de esta organización.

Si miramos en retrospectiva, encontraremos varias acciones en concreto, que han tenido repercusiones legales y económicas, en la vida nacional.

La primera acción que encontramos hacia este objetivo, se dio allá por el mes de junio del año 2003, con la Directriz Interpretativa 20-03, denominada “TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SEGÚN EL VALOR NORMAL DEL MERCADO ” firmada por el Dr. Adrián Torrealba Navas, quién era en ese entonces, el Director General de Tributación.

El objetivo en ese momento histórico, fue “Lograr una correcta interpretación del artículo 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de modo que se comprendan los ajustes de precios de transferencia entre empresas vinculadas.”. 

La ejecución de esa directriz fue responsabilidad de los Directores de División, Gerentes de las Administraciones Tributarias y de Grandes Contribuyentes, quienes deberían comunicarlo a todo el personal a su cargo.

Consideramos esta directriz como el primer intento serio de legislar en materia de Precios de Transferencia en Costa Rica.

Por espacio de 10 años, estuvimos a merced de esta directriz interpretativa, tiempo en cual se legisló(aplicó) sin mucha o casi nada de seguridad jurídica, dependiendo de lo que se podía deducir de dicho documento. Sin lineamientos claros, que guiaran especialmente, las intervenciones y decisiones de la Administración Tributaria en la vida de las empresas vinculadas.

No fue, sino hasta 2013, que en un esfuerzo por poner un poco de orden, nos llega el Decreto Ejecutivo 37898-H: “ Disposiciones sobre precios de transferencias”.

Éste vino a ser, en ausencia de una Ley específica, un reglamento justo y necesario, que vendría a neutralizar mucha de la inseguridad jurídica, vivida en esos años.

Tiempo en el cual, si miramos en retrospectiva, y analizamos la jurisprudencia de ese periodo, vemos cómo, a falta de normativa y conocimiento de la materia, se dieron casos, de dudosa resolución, muchas veces en contra y perjuicio de los contribuyentes.

El 37898-H, (vigente hasta el 30 de junio-2019), llegó para darnos mayor claridad en la materia, al definir aspectos tan importantes como: el Principio de Libre Competencia, las facultades de la Administración Tributaria y los Ajustes Correlativos. Establece Criterios de Vinculación, los Métodos aprobados, y pone en vigencia la Declaración Informativa. Brinda las guías o Pautas Generales para la realización de los estudios de Precios de Transferencia, y además nos da la posibilidad de contar con  Acuerdos de Precios por Anticipado (APA). En fin, nos encamina fuertemente, para la implementación y realización técnica de los estudios de Precios de Transferencia, lejos ya de “criterios interpretativos”.

En la siguiente entrega, conoceremos los pasos que se han dado, en los últimos tres años, culminando con la promulgación de la Ley 9635, y su reglamento, en lo referente a Precios de Transferencia.

Por: Lic. Jose Ml Alemán

Asesor Empresarial en Contaduría Pública y Privada
Asesor Fiscal. Especialista en Tributos,  NIIF y
Precios de Transferencia

 

ANTECEDENTES DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA – COSTA RICA (1)

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